No obstante, como sucedió con Xi Jinping en China, la sentencia provoca una duda y abre un debate. Por un lado, no faltan quienes aprecian en esta extrema dureza una lucha intestina en el seno del Partido Comunista, ya que están involucrados algunos de sus altos cargos; por otro lado, activistas pro derechos humanos señalan que demuestra cómo el desarrollo económico y social no siempre implica un avance hacia posturas socialdemócratas más moderadas.

Por eso, hoy nos sumergimos en la aplicación de la pena de muerte por el mundo.

Estos son los tres temas que tocaremos.

Cada vez son menos los países que tienen vigente la pena de muerte en sus códigos penales -55-. Sin embargo, tanto el número de ejecuciones -883 documentadas en 2022- como el de condenas a pena capital -2016- ha crecido en los últimos años. De esta forma, más de 28.200 personas esperan a la muerte en algún corredor de la muerte. Y estos números no tienen en cuenta los del país que más gente sentencia y ejecuta: China. El gigante asiático considera que estas cifras son secreto de Estado y solo se puede especular con su magnitud. Amnistía Internacional considera que ambas variables continúan superando el millar anual.

Solo de vez en cuando, China permite vislumbrar tímidamente cómo aplica la pena máxima. Esta semana, por ejemplo, la televisión nacional ha revelado en un documental oficial que un investigador, Huang Yu, fue ejecutado en 2016 por haber vendido secretos de Estado a otro país. Es una información que sirve de aviso a navegantes. Porque si algo caracteriza a países autoritarios como China es que un juicio justo es más una quimera que un hecho.

Por si fuese poco, en pleno siglo XXI perduran formas de matar legalmente que parecen de otros tiempos: la decapitación, por ejemplo, se emplea aún en Arabia Saudí; estados modernos como Japón continúan ahorcando a los reos, y Estados Unidos busca sin mucho éxito la fórmula mágica para una muerte digna, con el nitrógeno como nuevo -y polémico- elemento letal.

Mientras en Europa solo Bielorrusia continúa ejecutando condenados, Asia es, con diferencia, el continente más coloreado de negro en el mapamundi de Amnistía Internacional. Solo Mongolia, Nepal, Bután, Camboya, Filipinas y algunos de los ‘istanes’ de Asia Central han abolido la pena capital, y, aparte de China, Irán y Arabia Saudí son los países que más la aplican en el mundo. Esto ratifica que el desarrollo económico no supone necesariamente un giro hacia valores más humanistas.

De hecho, el debate sobre la pena de muerte aún es casi inexistente en muchos de los países asiáticos. A lo sumo se ha conseguido detener las ejecuciones en lugares como Tailandia, donde el español Daniel Sancho se enfrenta a ese castigo por el asesinato de Edwin Arrieta. La conmutación de la pena capital por cadena perpetua es un paso intermedio aplaudido en muchos lugares, que mantienen la primera pero no llegan a ejecutarla. En la propia Tailandia no se ha matado a ningún prisionero en los últimos seis años, y algo similar sucede en Corea del Sur o Laos, donde ese período supera ya la década.

No obstante, dar el paso del gris al amarillo del que se pintan los países que han abolido el diente por diente es complejo. Sobre todo porque los sectores más conservadores de la población están de acuerdo con la ley del Talión. Pero que países como Vietnam reintroduzcan la pena máxima para delitos que antes no la recibían, como los económicos -China ya no la impone en estos casos-, es preocupante y puede enmarcarse en el contexto de avance global del autoritarismo y del populismo.

En el año con mayor número de elecciones, en el que más de mil millones de personas van a votar, se está confirmando un temor: el mundo es cada vez más autoritario. Y es un giro que se produce no solo en dictaduras cada vez más estrictas. También en países democráticos como India, donde todo apunta a que Narendra Modi saldrá victorioso de las elecciones que arrancan este viernes y que se alargarán hasta el 1 de junio.

No obstante, hay un país en el que está sucediendo lo contrario. Aunque está costando sangre, sudor y lágrimas. Myanmar, la antigua Birmania, protagoniza una de esas guerras eclipsadas por Ucrania y Gaza en la que, a diferencia de lo que sucede en el Sahel, la opción democrática avanza. La operación 1027 que arrancó el año pasado está logrando arrinconar a los militares golpistas que se hicieron con el poder en 2021. La suma de fuerzas de los diferentes grupos rebeldes, apoyados también en los Free Burma Rangers y el Gobierno de Unidad Nacional (NUG), ha logrado capturar diferentes ciudades de notable relevancia.

Hasta el punto de que las vecinas China y Tailandia han tenido que ponerse en alerta máxima, ya que esperan un importante flujo de desplazados y temen que el conflicto les salpique. El último éxito ha sido el control por parte de los guerrilleros karen de Myawaddy, el principal punto de tránsito de mercancías entre Myanmar y Tailandia.

Los soldados birmanos se están rindiendo o desertando en grupos -670 hombres solo tras la ofensiva en Myawaddy- y, lo que es más importante, ni China ni Tailandia están ofreciendo asistencia a la Junta Militar, cuyo poder se va debilitando mucho más rápido de lo que nadie había anticipado. Sin duda, es muy pronto para cantar victoria y las tornas pueden cambiar en cualquier momento, pero da la sensación de que las tropas están desmoralizadas ante la materialización de la antigua aspiración de unidad rebelde. No estaría de más que Occidente apoyase este cambio para, por una vez, afianzar una democracia que no se impone desde fuera pero que surge de forma orgánica internamente.

Mientras tanto, en el conflicto en el que más se ha involucrado Occidente, Ucrania comienza a dar señales de fatiga. Hasta el punto de que su presidente, Volodímir Zelensky, ha advertido de que perderá la guerra si Estados Unidos corta el grifo. Hay prisa para que Joe Biden logre convencer al Congreso de que apruebe el paquete de ayudas del que depende la capacidad de Kiev para resistir. Porque la ambición ha caído un peldaño: ya no se trata de reconquistar zonas tomadas por los rusos, sino de evitar su avance.

«Y si Ucrania pierde la guerra, otros países serán atacados. Es un hecho», sentenció Zelensky, que sabe perfectamente que el tiempo corre en su contra. Si no logra el compromiso americano antes de las próximas elecciones presidenciales y Trump sale victorioso, Ucrania se verá en una situación muy comprometida, por mucho que Europa duplique su contribución a la causa. Quien tiene las armas es Estados Unidos.

Una victoria de Rusia no tiene por qué impulsar nuevas invasiones. Ese es un mantra tan repetido en Ucrania como carente de base alguna. Putin no tiene por qué comportarse como Hitler, por mucho que las comparaciones sean golosas. No obstante, sí demostraría que Occidente no es capaz de doblegar a un invasor en Europa, a pesar de haber considerado por unanimidad la necesidad de hacerlo. Y es lógico que fracase si nada cambia, porque la ayuda que ha proporcionado ha sido tímida. Con miedo y sin la contundencia con la que se apoya a Israel, a pesar de las palabras de condena que recibe.

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