Enrique Uribarri, del sindicato APLB, puso como ejemplo lo ocurrido esta semana, con motivo de la presentación en el Consistorio de la memoria anual de actividades del cuerpo. Según él, se realizó una «desafortunada valoración», ocultando «la mayor parte» del trabajo realizado, y lo que pretenden es que se valore el «servicio integral» que llevan a cabo en cumplimiento de la normativa vigente.

«Hemos iniciado un periodo de reivindicaciones –explicó– con el que buscamos precisamente el reconocimiento social de esa seguridad ciudadana a la que el Ayuntamiento de Torrelavega se ha comprometido al firmar convenios con otras administraciones. Queremos que la Corporación sea la primera en reconocerlo y no lo oculte. Nos entristece tratar de llegar a un acuerdo y que el ninguneo sea total».

Uribarri dijo que el concejal del área, Pedro Pérez Noriega, solo destacó en su comparecencia pública las actuaciones sobre tráfico y violencia de género, «dejando atrás, por ejemplo, una de nuestra principales funciones: la seguridad ciudadana». En ese caso, las intervenciones sumaron el 34%. El representante sindical también se refirió al trabajo que desarrollan de «policía judicial, atestados, legislación y ordenanzas en general...».

Daniel González, de CC OO, denunció que es la primera vez que asisten a la «manipulación política» de la memoria anual, porque el edil «mintió y lo hizo a sabiendas». González indicó que es cierto que un solo agente se dedica al 100% a los casos de violencia de género, pero lo que le parece «aberrante» es que Pérez Noriega lo remarque como «meritorio» porque «dijo que el número de caso fue parecido».

Según el delegado de CC OO, eso no es cierto, dado que el año pasado atendieron 62 casos, casi el doble que en 2022 (32). «Miente también –agregó– cuando dice que las competencias son de la Policía Nacional. El propio alcalde firmó en 2020 un convenio para el seguimiento integral de los casos de violencia de género. La Policía Local se hace cargo del 50% de los casos y ahora tenemos 34 activos».

González quiso dejar claro un mensaje: «La plantilla está sensibilizada y formada en esta materia, pero en las condiciones actuales, con falta de personal y medios, podemos afirmar que no estamos capacitados para dar cumplimiento a las órdenes de alejamiento de las víctimas. Es una aberración lo que hemos escuchado y exigimos una rectificación inmediata. Le pedimos también que aporte soluciones. Hace meses que no nos recibe y el alcalde tampoco».

Jesús Campuzano, de UGT, recordó que la plantilla está integrada por «sesenta agentes escasos» y deberían ser «noventa». Además, la media de edad es «bastante alta», ya que ronda los 50 años. «Muchas veces las llamadas de urgencia de los ciudadanos se quedan en cola por la falta de patrullas», reconoció. «El mensaje está claro: queremos una valoración como dios manda. No queremos que nos ninguneen», concluyó.